20 000 votos bajo sospecha: Los Ángeles se resiste a la exigencia de Washington

Qué ha pasado

A nueve días de las elecciones del 3 de noviembre, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito celebró el domingo una audiencia de una hora sobre la petición urgente del Gobierno. El Departamento de Justicia quiere que la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y el registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, no cuenten los votos de unas 20 000 personas señaladas hasta que acrediten su ciudadanía. Aún no hay fallo; el panel prometió decidir con rapidez. Además, hay una audiencia ante el tribunal de distrito el 27 de octubre.

El Gobierno demandó el 15 de octubre tras vencer un plazo de 48 horas. El viernes, el departamento envió también cartas a oficinas electorales de todo el estado, pidió datos sensibles como números de Seguro Social y advirtió de consecuencias legales. En todo California ya se han emitido más de tres millones de votos, y más de medio millón en el condado de Los Ángeles.

El abogado del departamento sostuvo que hay buenas razones para creer que las personas señaladas no pueden votar y que California no aplica su propia prohibición. Una portavoz recalcó que no se busca depurar el padrón, sino colaboración. El estado replica que la lista tiene errores: una revisión del condado de Los Ángeles de 200 nombres halló que más del 40 % de los registros ya estaban cancelados, más del 70 % nunca había votado y casi cuatro de cada diez personas nacieron en Estados Unidos.

El ánimo sobre el terreno

Según un reporte de AP publicado por LAist, las autoridades electorales están desconcertadas, frustradas y alteradas. El registrador del condado de Napa ve en la medida un intento de sembrar dudas sobre la integridad de la elección y anunció que el conteo seguirá. Su familia, dijo, está preocupada por lo que pueda pasarle.

Ante el tribunal, el abogado del condado de Los Ángeles calculó que revisar cada voto a tres minutos por papeleta exigiría unas 140 000 horas de trabajo, unos 16 años. Los escritos del estado califican la demanda de maniobra política temeraria, y expertos electorales independientes señalan que el departamento rompe con su práctica de no intervenir en los 90 días previos a una elección.

Del otro lado, funcionarios federales hablan de pruebas abrumadoras de que decenas de miles de no ciudadanos están registrados en California. Incluso unos pocos votos ilegales podrían diluir los legales, argumenta el principal fiscal federal en Los Ángeles, quien advirtió que quienes no cumplan podrían ser procesados. Poco antes, 28 personas de la lista habían sido acusadas en California por delitos electorales. Un juez nombrado por Trump comentó que sin una orden nunca se sabrá si votan no ciudadanos. Aun así, el experto en derecho electoral Rick Hasen, de UCLA, consideró muy probable que el tribunal rechace la petición.

Voces de los medios